Leandro Sanhueza Huenupi*: “Hegemonía, crisis política y legitimidad: el movimiento educacional del 2011″


 

“Los partidos políticos están llamados necesariamente, por una ley moral, a defender los intereses de la gente, y si no es así va a haber un juicio histórico, tarde o temprano. Y ahí se va a ver quién es quién en esto”

Joven poblador. Dirigente sindical. ECO, Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, Santiago, 1988.

“Desde la CUT, desde el Comando de Sindicatos del Estado y desde nuestra Empresa, hemos recorrido a Patricio Aylwin, y después a Onofre Jarpa, y después a Lagos, y después a Maira. Hemos estado en toda esa ronda, y en todos los lados ha sido lo mismo: ¡Puchas, cabros, ustedes son super patriotas, sigan dándole! Y a lo más nos ofrecen que en el futuro gobierno democrático habrá una ley de expropiación. Pero nosotros les decimos: ¡No, ahora! ¡Esta cosa se está privatizando ahora! ¡Es ahora cuando se está jugando el futuro Estado!… El movimiento popular en los hechos, en relación a demandas como esa y a sus propias demandas, se está enfrentado solo, mucho más solo que antes, a la dictadura”

Dirigente sindical. ECO, Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, Santiago, 1988.

Introducción

El movimiento por la educación en Chile del 2011 fue todo un acontecimiento que repercutió en diferentes ámbitos de la práctica política, tanto en el Estado y en la forma en cómo se erigía la sociedad. Este movimiento, que hasta hoy sigue generando réplicas, puso en entredicho herencias del régimen cívico-militar, y a su vez varias dimensiones propias del régimen transicional bicoalicional del periodo concertacionista (1990-2010). Efectivamente, este movimiento se inscribe al interior de un campo estratégico de aparatos y dispositivos, de relaciones de fuerza y particularmente con una historia articulada en ejes de lucha específicas, a su manera de concretizar las acciones colectivas y organización, y al mismo tiempo, especificidad que se realiza en un campo relacional de articulación de luchas relativas al Estado y su equilibrio inestable de compromisos hegemónico.

Sin embargo, antes de trazar el fenómeno estudiantil y sus repercusiones, bien cabe hacer un rodeo teórico y político. En concreto, qué cuestionó el movimiento y qué es lo que estuvo en juego en tales cuestionamientos. De esta forma, se plantea que las luchas estudiantiles se pueden comprender como un antes y un después, es decir una coyuntura sobredeterminada, que puso en debate un modelo económico y de sociedad, y la institucionalidad vigente en términos políticos constitucionales y el consenso bicoalicional.

Para abordar tales efectos deslindaremos ampliamente, primero, algunas transformaciones en el Estado y el ordenamiento de las fuerzas políticas y partidos previos a la democracia transicional que concibieron una democracia pactada con el gobierno dictatorial desde una mirada conservadora respecto de las luchas del campo popular durante aquel periodo. Ciertamente, el paso de un periodo a otro, no fue solo un traspaso de mando, sino que hay que entenderlo como una articulación hegemónica de determinadas fuerzas políticas en el Estado, edificando un discurso universalizante en relación al discurso plebiscitario del NO. En segundo lugar, considerar las herencias del régimen autoritario y los problemas propios de la transición, justamente, de los gobiernos concertacionistas, y pensar el consenso político, tal como lo entiende Poulantzas, como un equilibrio inestable de compromisos. Exactamente, desde aquí intentar comprender los cuestionamientos del movimiento estudiantil, particularmente como crisis política e ideológica y crítica al modelo económico y de sociedad. Movimiento que fue capaz de hegemonizar a diversos agentes (profesores, trabajadores, pobladores, ecologistas, gente de a pie, etcétera) y constituirse como una fuerza social incidente en el país sin parangón en los 20 años y cuatro periodos de gobiernos concertacionistas. Cabe puntualizar, por lo demás, que gran parte del análisis tendrá como base teórica la perspectiva del griego Nicos Poulantzas, el cual iluminara ciertos momentos de cambios o transformaciones de la política que, en última instancia, tienen lugar en el movimiento social por la educación.

Las transformaciones del Estado en el periodo dictatorial

El golpe de Estado 1973 representa un punto de inflexión y transformación importante en lo relativo a la naturaleza misma del Estado. El golpe militar erigió un discurso en contraposición o, mejor dicho, de directo rechazo al fantasma del “cáncer marxista” simbolizado por el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende; coyuntura de sobrepolitización de varios segmentos y clases sociales que repercutió en una creciente polarización de las clases y de la escena política; y en las formas mismas de la relaciones del Estado y la economía y entre el  Estado y la sociedad.

Así, lo económico, durante la primera mitad del siglo XX hasta el golpe de Estado, se encontraba delimitado por una orientación de Estado de bienestar social, idea predominante en América Latina en aquel momento, conocido también como “Estado de seguridad social limitado”, “estratificado” o de “universalismo fragmentado”[1]; vale decir, dentro una noción de Estado intervencionista que asumía un papel rector preponderante en el desarrollo y regulación de la economía nacional. Bajo esta dirección, el Estado tomaba parte del desarrollo económico y en la expansión del mercado interno, así como de políticas sociales abocadas a la distribución de la riqueza para atenuar la desigualdad social y la pobreza, principalmente en el ámbito económico y de promoción de derechos políticos y sociales. De esta forma, el Estado era un eje primordial en el desarrollo del país.

No obstante, este tipo de orientación universalista adolecía estructuralmente, según las tendencias neoliberales en boga en el ámbito económico, sobre todo en lo que respecta en el asegurar la redistribución económica en todas las capas de la población y al papel rector del Estado en la economía. Al Estado se le consideraba, ante todo, vertical y centralista, con énfasis en la centralización económica y en la promoción de la empresa nacional (con las famosas ISI: la Industrialización por Sustitución de Importaciones); una extensión de seguridad social que abarcaba a ciertos y específicos sectores de la población (en particular, a los grupos y clases sociales políticamente organizados, que por medio de la presión social y de entrada al sistema político, podían integrarse al modelo de desarrollo vigente); y en consecuencia la postergación de atención a grupos más desfavorecidos, con ausencia de focalización en las ayudas sociales y de un sistema fragmentado y sectorializado[2]. Cabe añadir, a este punto, que las críticas, sobre todo de las tendencias neoliberales a fines de los 70 y principios de los 80, se concentraban en dos impugnaciones principales: por un lado, el acceso universal, y por otro, el papel redistributivo de las políticas sociales. Este nuevo enfoque, que se situaba en el marco de una economía de mercado, el neoliberalismo, reemplazaba a los dos principios precedentes con las nociones de diferenciación del acceso vía privatización y la competencia, el subsidio a la demanda y la focalización de recursos. El rol de la política social y su carácter es un factor capital en esta nueva orientación, sobre todo en lo referente a los derechos sociales, en general, y a la educación, en particular.

En este sentido, y siguiendo a Nicos Poulantzas, no debe considerarse al Estado como una especie de Estado-instrumento (como si el Estado fuese dirigido por fuerzas que le son exteriores) ni como un Estado-voluntad (un Estado con una naturaleza que le es esencial e inmutable), sino que, más bien, como un conjunto de relaciones de fuerza que adquieren una condensación en la forma Estado (Estado-relación)[3]; pero también, y cuestión no menor, como un campo estratégico y táctico, donde las luchas de clases y las fuerzas políticas antagónicas dentro de una formación social van tomando posición en las mismas relaciones de fuerza y de poder[4]. De modo que en el periodo dictatorial comienza una reestructuración de las clases y de las relaciones entre las clases en este campo de luchas, y así, una nueva construcción socio-histórica logra una posición (estratégica), desplazando por la fuerza (militar) al bloque (clasista-popular) anterior e instalando al bloque cívico-militar. En concreto, para la implantación del neoliberalismo en Chile se requería de dos condiciones según Manuel Antonio Garretón. La primera de ellas es la “abolición de la democracia”, básicamente “la eliminación de actores sociales y políticos y de espacios y mecanismos de deliberación y acciones que lo contradijeran, es decir, un determinado modelo político”[5]. La segunda condición es el mismo golpe de Estado, para el establecimiento de un régimen que permitiera condiciones idóneas para la reproducción de un nuevo modelo económico y político. Esto último requirió de una alianza política,  de las fuerzas militares que asestaran un decisivo estacazo a las fuerzas sociales y políticas democráticas precedentes, por un lado, y de grupos políticos y económicos que apoyaran tal iniciativa, por otro[6]. La alianza política cívico-militar[7], así entendida, supone la promoción e imposición de un modelo económico y político que reproduzca y mantenga una forma específica de dominación autoritaria. En consecuencia, este modelo político corresponde a la forma que adquiere el nuevo Estado: básicamente un modelo fuerte y autoritario en lo político y en lo social; no obstante, que permitiese la libertad de las clases dominantes en lo económico. El neoliberalismo necesitaba de un terreno fértil en el cual echar raíces, de un régimen autoritario que hiciera tabla rasa de la organización política y económica de todo el periodo anterior.

Así, en Chile la implantación del modelo neoliberal por medio del gobierno militar reestructuró por completo las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Justamente al comienzo, a mediados de los 70, la preponderancia asignada al mercado es gravitante en varias esferas, enfocado a la liberalización del mercado financiero y en la eliminación de controles de precios. A finales de la misma década este proceso de radicaliza aun más: en la amplia liberalización de los flujos internacionales de capitales; en la reducción del sector público y en la restricción y venta al sector privado de empresas públicas; la privatización del servicio nacional de salud y del sistema de pensiones; la supresión de derechos políticos y sindicales y la reforma tributaria; la reforma educacional universitaria y la municipalización de la educación media y básica; etcétera. Respecto de las privatizaciones, ya sea total o parcial, de la salud, la educación y el sistema de pensiones, se le comprenderán dentro de las famosas 7 modernizaciones, proceso que involucrará también una modernización del Estado y de sus aparatos.

Lo que se va edificando, entonces, es un Estado mínimo de carácter eminentemente subsidiario, un Estado gendarme no-intervencionista[8], promotor de la empresa privada, que se desprende de ciertos ámbitos del área social para ser ocupados por el sector privado, proceso orientado por una camarilla de jóvenes economistas adictos al régimen: los denominados Chicago Boys[9]. Asimismo, enel 80se instaura la nueva Constitución Política de la República, la cual viene a avalar y legitimar las transformaciones económicas y sociales en términos políticos e institucionales. El Estado cambia su naturaleza política en el régimen autoritario y, del mismo modo, el modelo de desarrollo, desde ahora, marcadamente neoliberal y subsidiario[10].

Las protestas nacionales y la transición política como proyecto hegemónico

Antes de dirigirnos a la comprensión del fenómeno hegemónico transicional, bien cabe hacer un rodeo teórico a ciertos conceptos para entender este proceso. En esta línea Nicos Poulantzas explica claramente las características y condiciones de este tránsito, el cual nos ayudará a dar cuenta del curso político que edificará una nueva gobernabilidad de la sociedad civil y que mantendrá un equilibrio inestable de compromisos estratégico entre las clases.

El concepto de hegemonía remite al momento francamente político y comprende los momentos constitutivos de lo político en una formación social capitalista[11]. Poulantzas percibe el concepto de hegemonía aparejado insistentemente a Antonio Gramsci, aunque más específicamente en relación, y en primer término, con Marx. Este último, en sus análisis políticos de juventud respecto del Estado y el derecho en Hegel, nos plantea que la burguesía moderna realizo una revolución parcial exclusivamente política, lo que autonomiza la esfera de lo político y lo económico, en tanto que emprende, como parcialidad de la sociedad civil, una revolución política como representante de toda la sociedad. Vale decir, que la burguesía en su conquista política tuvo que erigir una nueva relación de lo particular como representante de la emancipación universal. Para esto requirió no solo la conquista del poder político, ya que, además, de una nueva relación entre bloque de poder y sociedad civil. Básicamente promover un discurso ideológico y valórico de mediación entre el bloque de poder y la sociedad civil para encarnar el interés general de la sociedad en el Estado –garante de la particularidad– inmersa en una formación social capitalista, y como mantenedor de relaciones privatizadas entre individuos –como molecularización o atomización de las mismas. A partir de esta descripción operativa de lo hegemónico podemos comenzar a abordar algunas transformaciones que suceden en los 80 en la Dictadura, década de inflexión política, en tanto que comienza una resistencia popular persistente y nuevas rearticulaciones aliancistas en la escena política, y principalmente, el proceso transitológico del clivaje autoritarismo/democracia.

Para el año 1982 el régimen cívico-militar comienza a tener serios problemas. Una crisis financiera producto del laissez-faire de la economía coloca en el tapete el debate el modelo económico implementado y, consecutivamente, una respuesta por parte de la sociedad civil y los partidos políticos opuestos al régimen, entre el año 1983 y 1986, en una serie de masivas protestas a nivel nacional[12]. Estas acciones colectivas contra el régimen militar autoritario son conocidas como las jornadas de protesta nacional[13], en las cuales hubo la presencia de varios grupos movilizadores: pobladores, estudiantes (secundarios y universitarios), trabajadores, organizaciones de derechos humanos, etcétera[14]. Estas jornadas de protesta, altamente masivas, si bien concitaron resistencias explicitas al régimen dictatorial, y fuertes, aunque siempre tensionadas, bases organizativas a la sociedad civil, fueron comprendidas por parte de la sociedad política, los partidos políticos principalmente, de distintas maneras.

En los 80 existían dos alianzas políticas importantes de oposición a la Dictadura que dan cuenta de la escena política: el Movimiento Democrático Popular (MDP) y la Alianza Democrática (AD). El primero comprendía al Partido Comunista de Chile, al Partido Socialista-Almeyda y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria[15]. La AD reunía a la Democracia Cristiana, el Partido Radical y al Partido Socialista. Esta segunda coalición tuvo un protagonismo fundamental en lo relativo a la constitución de una nueva e importante coalición política, la que será gobernante durante 20 años en la post-dictadura (1990-2010), y que marcará todo el periodo transicional: la Concertación de Partidos por la Democracia[16]. De este último son importantes dos elementos en esta época, y que conjuntamente, irán dando forma a la Concertación. Por una parte, la configuración de una nueva alianza e identidad política de centro-izquierda, y por otra parte, el papel teórico y político de las ciencias sociales invalidantes de lo social. Estos elementos articularan un nuevo proyecto político-hegemónico con una especificidad particular en las relaciones de la sociedad civil y el Estado.

En estas rearticulaciones aliancistas se encontraba un intenso debate, de trabajo teórico y político, para reflexionar sobre la nueva democracia en los tiempos de transición post-autoritaria, tratamiento teórico presente desde comienzos de los 80[17]. Nociones como la democracia (ya no considerada como un ideal de racionalidad sustantiva o esencial, o como un fin por sí mismo a alcanzar, sino que dentro de un nuevo realismo político y una democracia en la medida de lo posible[18]), el consenso político (como pacto de gobernabilidad institucional intra-elite), la transición (considerada como un momento político de ruptura entre democracia –de carácter institucional– y democratización –de carácter socio-económico[19]) y la constitución misma de los sujetos políticos y sociales. La importancia de las protestas nacionales se vincula precisamente con este último punto, ya que estás evidenciaron las transformaciones que habrían sufrido los sujetos en términos subjetivos en su vida cotidiana, así como en lo político y lo cultural, en la Dictadura y el modelo de sociedad implementado: el neoliberalismo[20]. Gran parte del debate respecto de los sujetos sociales giraba en torno a los efectos del régimen militar en la constitución de los sujetos y en la desvinculación de lo social y lo político.[21] El modelo neoliberal habría producido efectos no solo en la forma del Estado y en las relaciones entre las clases, ya que estas transformaciones daban cuenta de una desvinculación de lo social y lo político –institucional–, por un lado; y la subjetividad y las relaciones sociales fragmentadas, por otro. Desde ahora caracterizadas como desintegradas, mercantilizadas y atomizadas[22]. En consecuencia, las protestas sociales bajo este prisma ya no podrían considerarse como articuladoras de demandas sociales canalizables políticamente. Lo que se observaba en estas protestas era el descontrol, el espontaneísmo y la violencia inusitada sin dirección ni objetivo claros. Estas discursividades teóricas pre-concertacionistas, por lo tanto, convertían la acción colectiva en anomia, vertebrando una narrativa performativa patológica de lo social sin proyecto político alguno. “De ello deriva que este pacto debía ser institucional y garantizado precisamente por aquellos partidos institucionalizados que aceptarían las normas del nuevo juego”[23].Efectivamente, como nos recuerda Poulantzas, la molecularización de la sociedad civil no responde a algo meramente fáctico o dado, sino que es una necesidad estratégica de la política hegemónica, de la posibilidad de representación de aquellas particularidades y de su separación política respecto de lo que se erige como articulador de aquellas particularidades. En este sentido, cuando menos teóricamente, la división entre la sociedad civil y la escena política, y la despolitización del primero, era un hecho consumado.

Por el lado de las alianzas políticas en el 85 se celebra por parte de los partidos de oposición y los afines al régimen el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia[24], y que, durante el 86 y el 89, tales conversaciones continuarán para viabilizar el pacto transicional post-dictatorial[25]. Así, para el año 88 se celebra el plebiscito para dirimir la continuidad o no del régimen de Pinochet: el SÍ representaba la continuidad de Pinochet, mientras el NO la reprobación y el camino a elecciones libres –esta segunda opción será la vencedora de la contienda electoral. Para este plebiscito las fuerzas de la Concertación erigen toda una gramática renovadora de lo político en torno al discurso del NO. El NO representaba no solamente una oposición a Pinochet, más bien reflejaba un nuevo proyecto político transicional democrático, pero que, no obstante, dejando intocado aspectos fundamentales de los cambios económicos y políticos estructurales. En el decir de Eugenio Tironi: “la campaña no se planteó un cuestionamiento global del sistema. Este es un país que andaba bien pero los chilenos están mal. No queremos acabar con las modernizaciones, sino que éstas se pongan al alcance de más gente. Esto fue lo que estuvo en la base del discurso socioeconómico del NO”[26]

Lo precedente refleja un elemento capital para entender el bloque de poder. Para Poulantzas el Estado capitalista tiene una doble característica en relación con las clases dominadas y sus luchas y la autonomización de lo político, ya que:

implica la posibilidad, según la relación concreta de las fuerzas, de una política “social”, de sacrificios económicos en provecho de ciertas clases dominadas; por otra parte, es esa misma autonomía del poder político institucionalizado lo que permite a veces atacar el poder económico de las clases dominantes, sin llegar nunca a amenazar su poder político[27]

O, simplemente, las relaciones entre las clases y fuerzas políticas pueden implicar, efectivamente, acuerdos, mientras que, a fortiori, dejan intocado lo esencial[28]. La Concertación como representante del malestar social que trajo consigo la Dictadura pudo, en esa coyuntura, erigirse como fuerza política cohesionadora de los procesos movimientales de las luchas populares. Por consiguiente, el NO simbolizaba una retórica de lo político transitológico universalista que no era ni de rechazo ni crítica, sino de inclusión o integración de los sectores postergados por parte de un modelo que presentaba un sostenido y fructífero crecimiento económico. Este hecho es fundamental, en términos de una composición hegemónica, en tanto que resulta ser el síntoma o cristalización de una nueva configuración del orden político, como una gama de procesos que tienen que ver con la molecularización (o fragmentación) de la sociedad civil dentro del orden neoliberal y, asimismo, como la posibilidad estratégica misma de lo hegemónico; el NO como momento político de procesos o genealogías diferenciales y concurrentes a un proceso transitológico (sociedad civil y movimientos sociales, alianzas políticas, cambios en la estructura productiva y lo político-estatal); y la autonomización de lo político y lo económico y de la explicitación de la continuidad de un modelo. Perpetuación que se realizó a pesar del tránsito del bloque de poder hegemónico a otro (de lo dictatorial a lo democrático transicional). El NO, en definitiva, como ese discurso/mediación o arquitectura de lo ideológico entre la sociedad civil y la alianza política que alcanza una posición estratégica en el Estado.[29]

También la sentencia por parte de los ideólogos de la Concertación era tajante respecto a la configuración de una alianza intra-elite. Para Tironi, por ejemplo, comentando a Garretón, planteaba que la transición se trataba de cómo las fuerzas políticas en su multiplicidad se ponen de acuerdo en el término del régimen autoritario, y más particularmente, que tal transito debía ser especialmente dirigido por la clase política, donde las demandas sociales deben quedar subordinadas a las exigencias del orden político[30]. Las condiciones para la reproducción de la dominación de los movimientos sociales y la sociedad civil estaban dadas en este momento de lo político.

La transición democrática y el consenso ideológico bicoalicional

El hecho de dejar intocado lo esencial trae aparejado otra característica del Estado capitalista y del bloque de poder hegemónico, ya que el Estado tiene como conditio sine qua non en una formación social el papel organizador de los procesos al interior de aquella formación para mantener las condiciones mismas de su reproducción. A aquella función organizativa le es correlativo el orden político e institucional, por tanto, en lo relativo a la contención misma del conflicto social: de la lucha de clases[31]. Con ello aludimos, en consecuencia, a la especificidad de la relación entre poder político dominante y las luchas del campo popular. El Estado, efectivamente, en la función organizadora con dirección hegemónica, debe mantener un vínculo de poder y dominación política específica: como equilibrio inestable de compromisos[32]. Por esta razón, y según el caso o la singularidad del proceso, se puede señalar que tal equilibrio inestable de compromisos, también puede ser entendido como consenso: como sustrato material ideológico de una relación de dominación política hegemónica[33][34].

Ahora bien, en el Chile de los 90 la contención del conflicto, periodo de transición democrática, estaba dado por el consenso político. El consenso tiene varios aspectos importantes y delimitantes del ejercicio político mismo: en los aparatos de Estado, los mecanismos de selección de representantes –sistema electoral binominal–, la naturaleza misma del orden institucional –Estado subsidiario-, una democracia de baja calidad –en la medida de lo posible– y el modelo económico neoliberal –como modelo de sociedad. Bajo esta fisonomía, el consenso estaba articulado por la alianza de poder en la escena política de Estado por la Concertación (centro-izquierda) y Democracia y Progreso (coalición de derecha que posteriormente será rebautizada como Alianza por Chile). El consenso, conjuntamente, tiene un carácter ideológico material cohesionador de prácticas de esta alianza bicoalicional: como “armonía imaginaria”, “fagocitación” o “mímesis, de la desaparición del Nosotros en el Ellos”[35]. A su vez, como momento fundacional de corte con los extremismos políticos del pasado y el olvido del mismo en aras de la democracia entrante; una política de “conminación al silencio”, del miedo y el terror del régimen autoritario anterior; estrategia política destinada a seducir al empresariado, a los militares y a la derecha.[36][37] La política, en este contexto, pierde todo potencial transformativo, deviniendo en mera administración despolitizadora.[38]Lo que ocurrió, según la propuesta de Tomás Moulian, fue un proceso de transformismo político, esto es de continuidad de las estructuras básicas de la Dictadura, tanto institucionales como las propias del modelo económico neoliberal, dejando intocado –como nos recuerda Poulantzas– lo esencial[39]. O también de enclaves autoritarios, como señalara Manuel Antonio Garretón, específicamente las herencias de la Dictadura y las que emergen en el periodo democrático, las cuales funcionan como amarres o mecanismos de contención de las posibilidades de transformaciones democráticas más profundas: la hegemonía del mercado neoliberal, la desigualdad socio-económica y el carácter subsidiario del Estado, y la institucionalidad política y la democracia limitada[40].

El modelo económico, por lo demás, se caracteriza por su estabilidad y crecimiento económico sostenido durante los 20 años del periodo concertacionista –a excepción de la crisis asiática del 97. No obstante, donde si bien pudo crecer en términos de crecimiento económico e insertarse en el mercado global, los niveles de desigualdad económica y desprotección social transitan a la inversa, paradojalmente. Así, Chile está entre los países más desiguales según la OCDE[41]. Simultáneamente, la actividad política en términos de la participación electoral también sufría varias mutaciones importantes en comparación con la alta inscripción luego del año plebiscitario: “en 1989 casi el 90% de la población en edad de votar participó de la primera elección presidencial del regreso a la democracia, menos del 60% lo hizo en la última elección de este tipo en 2009”.[42][43]

Así, por el lado de las luchas sociales, estas entran en un ritmo político y económico adverso. En un Chile donde no se veía posibilidad de transformación política de fondo, con irrupciones movimientales de baja intensidad y donde los dirigentes sociales eran incluidos o cooptados por los agentes del Estado. La alianza política en el poder, como efecto del periodo anterior, privilegian insistentemente estas lógicas que a la conflictividad o el disenso. Lo importante era asegurar la estabilidad política para luego, en un futuro, profundizar la democratización de la inestable democracia. La lógica de la cooptación, no obstante, irá cambiando según las distancias de la experiencia histórica de los movimientos y liderazgos.[44] Esto último es capital para el cambio de paradigma de los movimientos sociales y más específicamente en alusión al movimiento estudiantil. El cambio intergeneracional, que no se reconoce en los miedos y lógicas políticas precedentes, presenta nuevas líneas para la acción colectiva.

El movimiento estudiantil, ya sea secundario o universitario, inicia un proceso de rearticulación de las luchas, con menor o mayor envergadura, sobre todo en la primera década del nuevo siglo XXI. Así, en el 2001 los secundarios se movilizan en el denominado mochilazo en demanda al pase escolar y la regulación por parte de la institucionalidad publica; en el 2006 reaparecen en la famosa Revolución Pingüina[45], donde las principales demandas pasaban por la gratuidad de la PSU (Prueba de Selección Universitaria), la gratuidad del pase escolar y la locomoción colectiva, reformas a la JEC (Jornada Escolar Completa), la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Educación), entre otras. Mientras los Universitarios, por su parte, irán reorganizándose alrededor del CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) que agrupa principalmente a las universidades públicas, organismo que se consolidará después de los 90, donde sus demandas cruzaban, principalmente, por el financiamiento de las carreras universitarias (como lo será el Fondo Solidario), movimiento que acompañaba, también, al secundario en sus demandas[46].

El movimiento educacional: crisis político-ideológica y legitimidad

El movimiento estudiantil se inserta en un clima político complejo. La Concertación durante sus cuatro periodos de gobierno fue perdiendo credibilidad política, la escena política mutaba así como la posibilidad misma de un cambio en el gobierno. De esta manera en el 2010 asume el gobierno la coalición de la Alianza por el Cambio (centro-derecha[47]), con el político y empresario Sebastián Piñera a la cabeza. Alianza que asume, más bien, por el descontento y rechazo con los gobiernos anteriores por parte de la ciudadanía que por una alternativa de cambio efectivo[48]. Este hecho es fundamental respecto a las oportunidades políticas que se le presentan al movimiento. La nueva administración se inserta en el aparato de Estado caracterizándose en la instalación de un discurso fuertemente tecnocrático, alejado, se decía, de las políticas ideológicas de antaño.

A punto de unos días de asumir Sebastián Piñera y la nueva administración de derecha, ocurre un hecho que conmocionará a todo el país: el terremoto del 27 de febrero, que afecta a la zona central y al sur del país, principalmente. Piñera, a los días de asumir, tiene que dar prontas respuestas de reconstrucción a los damnificados por el terremoto, y así será durante todo el periodo de la Alianza por el Cambio. Por supuesto, este hecho contingente marcará la agenda política del gobierno de turno, y además, porque la lentitud de la reconstrucción se hará sentir muy fuerte en el sur del país. De esta manera en el 2010, en la zona sur, comienzan una serie de protestas en varias partes afectadas por el terremoto, de las cuales una de las más reconocidas serán las movilizaciones en la localidad de Dichato de la VIII región. Al cual también se adicionará la tensión del pueblo Mapuche y el Estado chileno con protestas y huelgas de hambre (las cuales duraran más de 80 días), apelando a la no aplicabilidad de la ley antiterrorista y la libertad de los presos políticos mapuche.También, aunque de menor envergadura, se sumarán algunas movilizaciones respecto al alza del pasaje y la calidad de la locomoción colectiva privada Santiaguina, el Transantiago. Asimismo, ya en el 2011 en la región de Magallanes, en el extremo sur del país, ocurre una irrupción de fuerza colectiva que concita la atención del país, las protestas altamente masivas y demandas de los habitantes de la ciudad de Punta Arenas en contra del alza del gas, elemento vital y necesario para resistir las bajas temperaturas de dicha región. Conflicto que abrirá el 2011, año que se caracterizará por la oleada de protestas que tendrá el país y que enfrentará la administración de derecha. En mayo sucederá otro hecho político importante en términos de acción colectiva. La aprobación del proyecto energético HidroAysen, con cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia, catalizó un fuerte descontento social con el gobierno de Piñera. Ochenta mil personas marcharon el 20 de mayo en la capital (según la policía 40 mil) y cincuenta mil el 21 de mayo (día en que el presidente entrega la cuenta anual al país, de lo que se ha avanzado y de los proyectos futuros) en Valparaíso, movilización que también se cruzaba con la estudiantil, y decenas de miles en 26 ciudades del país[49]. Las protestas aluden no solo al gobierno de turno como hecho circunstancial o transitorio, ya que, de a poco en poco, se cuestionan los cimientos políticos, ideológicos y económicos del Estado gendarme.

Por otra parte, estas movilizaciones son parte de otro factor, más subterráneo e inaprensible, justamente relativas a las transformaciones en el ámbito de la subjetividad de los chilenos. Efectivamente, las movilizaciones se hacen presentes, con distinta fuerza e intensidad, durante un lapsus que colinda con un rechazo a la Concertación y a una forma de la política en clave despolitizante. Lo que se configuraba a partir de 20 años de democracia incompleta, según la hipótesis de Alberto Mayol y Carla Azocar, era un largo proceso de malestar acumulado, el cual tuvo lugar cuando las instituciones que funcionaban como contención del malestar no pudieron limitarlo, y en consecuencia, quedaron desbordadas.Este desborde fue lo que aconteció en el  2011. Lo que a su vez se relaciona con una baja politización, estatismo y resignación y malestar social. El tipo de individuo que se edificó se rotuló como subjetividad rebelde adaptativa[50]. Precisamente esta subjetividad es la que muta en este proceso de acumulación del malestar y, por tanto, en las movilizaciones que acaecieron entre el 2010 y el 2011. Un país caracterizado, por lo demás, por una alta radicalización del conflicto, y alto, también, en conflictos por reproducción social[51].

El Estado, como se indicó en un comienzo, está cruzado por el conflicto y la lucha de clases. Ya que, precisamente, si el Estado moderno es una condensación material de relaciones de fuerza, y más particularmente un campo estratégico antagonista, asimismo es posible pensar, como señala Poulantzas, la estrategia del adversario. Esto no quiere decir, se aclara, que las posiciones de cada lucha, adversario, clase o fuerza social estén dadas de antemano. Sin embargo, sí quiere decir que hay antagonismo, pues este es constitutivo del Estado y de las clases. El antagonismo de las clases sociales y las luchas populares, la relación dominado/dominador, se configuran a partir de este mismo antagonismo, como relación de poder e ideología[52]. Pero es justamente por esto que es posible pensar el antagonismo y los posicionamientos posibles de las luchas populares. Efectivamente, las luchas populares están inscritas en las relaciones de poder y el Estado, en tanto que son constitutivas de este. Pues, las luchas populares dependen igualmente de las fuerzas dominantes. Así, las luchas del campo popular tienen una especificidad característica en el campo estratégico de las luchas, especificidad que remite a la no dirección de los aparatos de Estado pero que, de igual forma, están inscritas en él –incluye a las clases dominadas, pero en tanto que han sido dominadas. Asimismo, la organización de aparatos de Estado depende de las relaciones de fuerza entre las clases, al mismo tiempo que estos aparatos funcionan como focos de cristalización de la oposición de las fuerzas antagónicas. Además, las formas de reaccionar a las coyunturas, generan diferencias de tácticas y estrategias para afrontar las luchas populares al interior de las relaciones del bloque de poder dominante. Punto esencial que ilumina y coteja el quiebre de formas de gobernabilidad política respecto de las luchas populares,[53] como fuerza hegemónica en el poder vacilante.

De esta forma, el movimiento estudiantil se posiciona en un campo de luchas y estrategias complejas, de quiebres con ciertas lógicas de tratamiento respecto a los movimientos sociales y de desgaste de las relaciones en el bloque de poder bicoalicional, en lo relativo al consenso político-ideológico. En concreto, la pérdida del gobierno por parte de la Concertación fue la cristalización del desgaste de la política de los consensos, pero que, con el movimiento estudiantil, este se profundiza en la medida que exige, por parte de fuerzas en la escena política, posiciones respecto a las luchas sociales. Lo que, por ende, plantea y profundiza la distancia de las fuerzas políticas de centro-izquierda respecto al gobierno de derecha. Adicionalmente, la serie de movilizaciones que vienen desde el 2010 trazan un trayecto conflictivo que pone en el tapete la capacidad de contención institucional de los movimientos por parte del gobierno y de la forma de hacer política durante 20 años; aspecto que se relaciona con la dimensión subjetiva respecto del Estado y el tipo de sociedad generado –el malestar social acumulado y la tendencia a la radicalización de los conflictos. Un gobierno que, se verá luego, no puede ser capaz de dar tratamiento efectivo al movimiento estudiantil, pero que tampoco, a su vez, puede mantener una lógica político-ideológica consensual que intente generar una relativa unidad entre las coaliciones políticas. Y así irá tomando consistencia, a partir de estos diferentes aspectos confluyentes, una coyuntura política.

El comienzo del movimiento estudiantil[54] se inserta a la par con las movilizaciones en contra del proyecto de HidroAysen. La primera irrupción fue el 29 de abril en una movilización convocada por el CONFECH y que cuenta con el apoyo del Colegio de Profesores[55], la concentración alcanza unas 10 mil personas y con una serie de mandas agrupadas en el Petitorio Único Nacional,[56] colocando como consigna principal la Defensa de la educación pública. Pero, como bien se ha indicado[57], las demandas no difieren mucho de otras anteriores, las lógicas son exigir dentro de lo dado o de lo que es posible. Las luchas estudiantiles están ya inscritas en la configuración del Estado, como se indicó, el movimiento tiene una data de a fines de los 90, del periodo transicional. Básicamente la lógica sería: demandas limitadas ante contextos políticos limitantes. Sin embargo, el tratamiento del conflicto por parte de la derecha a los estudiantes no lograra contener su protesta y las demandas, ni menos aún mantener alguna alianza con la Concertación para atender la compleja situación. Lo importante aquí, además, si bien se relaciona con el aspecto evolutivo de las demandas, también lo será en lo que se refiere a su masividad y al traspasar los límites corporativos mismos del movimiento estudiantil. En pocas palabras, cuando el movimiento estudiantil deja de ser meramente estudiantil para abarcar a otros actores y apuntar a cuestiones estructurales del modelo político-económico implantado y heredado.

El 12 de mayo le sigue otra convocatoria de marcha que cuenta con el apoyo de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) y el Colegio de Profesores. Además, la movilización, en comparación con la anterior, adquiere un alcance nacional, con movilizaciones en varias ciudades del país, llegando a unas 50 mil personas a nivel nacional –la mitad de los participantes era en Santiago. El 21 de mayo será la próxima movilización, día de la cuenta pública nacional. Protesta masiva, con varias interrupciones dentro del Congreso Nacional donde el presidente entregaba su discurso. En la cuenta Piñera se refiere muy escuetamente a las demandas estudiantiles, dejando inconformes, evidentemente, a los protestantes[58]. Dicha situación hace que el CONFECH vuelve a llamar a movilización con carácter de paro nacional para el 1 de junio, en la cual seguirán teniendo el apoyo del Colegio de Profesores y, sorpresivamente, de varios rectores de universidades tradicionales: la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad de Santiago[59]. Gesto político importante en términos simbólicos de unidad del movimiento en relación a un conflicto que al gobierno se le escapa de las manos. Para tal paro se congregaran a más de 30 mil personas sólo en Santiago[60]. A estas alturas el movimiento adquiere una sedimentación aun mayor que otros, ya sea por la capacidad aglutinadora de distintos actores, por la masividad –que seguirá aumentando–, por la profundización de la demanda, por el desfase entre gobierno y movimiento. A esto se agrega el replanteamiento de nuevas formas de protestar, matizándose en jornadas carnavalescas, actividades deportivas, performances, flashmobs, etc., así como también manteniendo lógicas tradicionales de la acción colectiva, como tomas de establecimientos educacionales, marchas y paros. Pero los cambios, es decir, de las nuevas formas de protesta, lograron concitar simpatía con la gente no movilizada y una mayor sintonización con las demandas del movimiento. A propósito de la criminalización de la protesta en los medios de comunicación (los medios de comunicación mostraban, focalizaban su atención, en gran medida, en la violencia de la protesta y encapuchados). Igualmente, las redes sociales –Facebook y Twitter, especialmente– ayudaron en la difusión de la protesta social y de las actividades realizadas por el movimiento.

En este contexto irá tomando relevancia el tema del lucro en la educación. La crítica de la educación en un contexto societal mercantilizado; aunque, hay que aclararlo, el debate en torno al lucro no sale del tema educacional. No obstante, el avance fue tremendo, ya que las demandas más económicas –pase escolar y gratuidad del pasaje escolar, creación de un tipo de ingreso complementario a la PSU, entre otras– van quedando desplazadas “frente a la posibilidad de cambiar radicalmente las limitaciones económicas que tienen los estudiantes para estudiar las carreras y frente a la opción crecientemente real de instituir la educación como bien público y no de consumo individual”[61]. Al mismo tiempo las movilizaciones continúan así como el ascenso cuantitativo en las convocatorias. El 16 de junio la protesta alcanzó un número que bordeaba entre 80 mil y 50 mil manifestantes y 50 mil en regiones. El 23 de junio se vuelve a convocar a movilización, pero ahora por parte de los estudiantes secundarios. Por su parte, el CONFECH y el Colegio de Profesores llaman nuevamente a paro nacional para el 30 de junio, llegando a una cifra de 200 mil manifestantes sólo en la capital. En esta coyuntura la masividad de la protesta social podía considerarse “una derrota política para el gobierno, el cuál aparecía públicamente ensimismado y sin iniciativa política, perdiendo la conducción de la agenda y limitándose a responder o esquivar los golpes que el movimiento y los actores políticos le propinaban”.[62]Punto que, al mismo tiempo, coincidía con los altos niveles de desaprobación del gobierno[63] y de la oposición –la Concertación– con un 68% de desaprobación según Adimark[64], y que contrastaba con el ascenso en la aprobación con las demandas estudiantiles[65].

El gobierno intenta dar solución al conflicto a través del GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) inyectando 4 mil millones de dólares a la educación. Empero, los estudiantes no aceptaron, ya que el diagnóstico que hacían estos del sistema educacional no cursaba meramente en entregar más dinero, sino que se entendiera la educación como un derecho social. Lo que hace que el 14 de julio los estudiantes universitarios, secundarios y profesores vuelvan a tomarse las calles[66].

Lo que se manifiesta en este proceso movimiental es una crisis política, que si bien en un comienzo no se cuestionan las posibilidades mismas de límites de contención de lo exigible, tal contención se jibarizaría en el ascenso e intensificación misma de la conflictividad de las luchas. Más específicamente, la politización en ascenso de las luchas sociales genera modificaciones en el bloque de poder dominante y en la (in)capacidad misma del gobierno para frenar, ya sea por la represión o por concesiones parciales de las demandas, las movilizaciones[67]. Esto se ejemplificara en agosto, fecha peak de movilizaciones masivas y de radicalidad del movimiento, como el 4 del mismo mes, día decisivo del movimiento estudiantil. El centro de Santiago estaba sitiado con fuerzas policiales y los permisos para marchar tal día fueron negados por la intendencia. En la mañana se movilizaron los secundarios, los que fueron reprimidos brutalmente, y en la tarde los universitarios y profesores. Dicho día quedará marcado por la represión, pero también por la fuerza que el movimiento estudiantil mostraba. Así, para la noche de ese día aconteció un hecho realmente significativo, que expresa un movimiento que desde hace tiempo dejaba de ser meramente estudiantil para integrar a la gente de a pie, esa noche se hicieron notar los cacerolazos por parte de la población en Santiago. Ciertamente, se podía ya hablar de la ciudadanización del movimiento. Lo que se ejemplificara más tarde el 21 de agosto con el gran acto cultural en el Parque O’Higgins reuniendo a más de 500 mil personas, y luego con el llamamiento de la CUT, estudiantes y profesores, a paro nacional el 24 y 25 de agosto. En esta última jornada de protesta nacional pierde la vida en las movilizaciones el joven Manuel Gutiérrez, el cual salía con su hermano en silla de ruedas sin tener involucramiento en la protesta.

Estas movilizaciones masivas estarán caracterizadas por la profundidad de la demanda, por lo menos en dos sentidos. Primero en relación al alcance de las exigencias que se hacen parte de la población, lo que amplía la infantería de este movimiento ya no simplemente estudiantil, sino que educacional como punto nodal del malestar social: lo que constituye una fuerza social[68]. En segundo lugar por la instalación de la demanda de gratuidad, es decir, se adiciona a la problemática del lucro el tema de la gratuidad en la educación. La demanda evoluciona. Lo que se va generando aquí según Nicos Poulantzas es la definición de una coyuntura política[69]como punto nodal de una crisis política que estalla[70].Una serie de contradicciones complejas articulan esta coyuntura de crisis política: las movilizaciones y ascenso mismo del conflicto –del 2010 al 2011–; las fuerzas sociales, la unidad estudiantil conflictiva, autonomía respecto del bloque de poder dominante, peso creciente de las organizaciones estudiantiles y unidad de actores vinculados directamente –estudiantes secundarios y universitarios, Colegio de Profesores, rectores de universidades- y no vinculados –ANEF, CUT, y otros– a la demanda educacional; concesiones de política social referidas a la educación, recusadas por inconsistentes a las profundas demandas del movimiento; instituciones desbordadas por el malestar social; aparatos de represión que no paralizan la movilización; altos niveles de desaprobación de la gestión del gobierno; aumento cuantitativo paulatino de las concentraciones -ampliación de la lucha– y profundización cualitativa de la demanda –del lucro a la gratuidad–; y la erosión de la alianza bicoalicional consensual (Concertación y Alianza por Chile), y, en consecuencia, del equilibrio inestable de compromisos hegemónico. Así, se gesta una crisis política en tanto, primero, una crisis ideológica (que es a su vez una crisis de representación), y, segundo, una crisis de legitimidad, fuertemente relacionada con la primera.

Respecto a la crisis ideológica debemos indicar que esta está vinculada a las relaciones de organización-representación en la configuración de las alianzas. En este sentido, tanto el gobierno y la Concertación no pudieron dar dirección o canalizar el conflicto. El rechazo de las coaliciones políticas en las dos era patente. Si bien la Concertación intentó relacionarse al movimiento vía distanciamiento con el gobierno, esta coalición era, a fin de cuentas, la que había dejado el problema educativo en manos privadas, profundizándose la desigualdad segregativa escolar y universitaria con la Concertación (evidentemente, proceso que viene desde la Dictadura). La Concertación, en efecto, no podía ser un interlocutor válido del movimiento. Menos aún la derecha, no sólo por su orientación económica-política neoliberal, lo que ya estima una posición de mantención del modelo de desarrollo implementado, sino porque también está fuerza política en la coyuntura para intentar reducir el conflicto los paliativos que cedía eran insuficientes. Elemento derivativo, y por tanto secundario, del primero. El escenario político de las fuerzas sociales cambio, así como lo que demandaban: de lo posiblemente exigible a cuestionar las bases mismas de lo exigible. No se puede contener las movilizaciones con las mismas lógicas de antes, lo que a su vez remite a la dinámica y variable inscripción de las luchas en el Estado y, más particularmente, en la dificultad de colocar límites a la estrategia del adversario, a las fuerzas sociales.

La demanda estudiantil se hacía parte de la población, lo que se manifiesta en la masividad y ampliación de actores del movimiento educacional. Situación que colinda, al mismo tiempo, con otras transformaciones ideológicas, ahora al nivel de la consideración de los derechos sociales. La derecha en el gobierno impugnaba al movimiento estudiantil por el carácter ideológico de su planteamiento, la demanda utópica de gratuidad. Y tal como nos recuerda Poulantzas, cualquier exigencia que provenga de las fuerzas sociales es considerada siempre como utópica, como ideológica. Pues, la ideología burguesa siempre viste ropajes de objetividad técnico-científico. A fin de cuentas, la “mejor manera de hacer las cosas”. Bajo la mirada del gobierno de turno la educación es consideraba un bien de consumo, una inversión a futuro y motor de desarrollo empresarial privado. Ahora bien, qué es lo importante de esto, entendiendo que no es una diferencia circunstancial, en tanto que cada posición, ya sea la educación como derecho social o como bien de consumo, develan dos posibilidades de proyectos políticos distintos. Pero también, en relación con el gobierno, se manifiesta la evidencia de una “política de la verdad”como estrategia ideológica. Pues lo ideológico no es lo falso, sino más bien lo que cohesiona. El poder, cuando habla, no miente, tiene que indicar explícitamente sus fines y estrategias. El poder no miente, declama la verdad de su poder[71]. El Estado, sostiene Poulantzas, actúa de “manera positiva”, es decir “crea, transforma, produce realidades[72]”. Por ende, decir que la educación es un bien de consumo no es menos ideológico que considerarla como derecho social, o algo inherente para construir una sociedad, etcétera. Pero es, precisamente, la idea de educación como derecho social, gratuita y de calidad, la que viene a hacerse espacio, como proyecto político viable, y no como mera utopía-ideológica. En pocas palabras: se trastoca lo ideológico del mercado como única vía de acceso a la educación. Y, cuestión no menor, desde aquí es donde comienza hacerse presente la demanda por los cambios constitucionales o los amarres del sistema político chileno. A partir de la educación, la crítica al modelo económico-político de cómo se venía concibiendo a la sociedad estaba siendo trastocado[73]. Se abre una ruta para la crítica del sistema político en general, de las formas y mecanismos de representatividad y del equilibrio inestable de compromisos –la política consensual excluyente o invalidante de lo social.

Sin embargo, en la segunda mitad del 2011 el movimiento va perdiendo fuerza, lo que se irá manifestando durante el 2012 y 2013 con movilizaciones cuantitativamente menos masivas, cambios en las directivas universitarias y de acentuadas diferencias al interior del CONFECH; un gobierno que no cede a la demanda estudiantil, mientras todo su periodo presidencial; aislamiento del movimiento estudiantil en relación a otros actores sociales significativos –como la CUT, por ejemplo-; los momentos electorales del 2012 –municipales– y 2013–presidenciales y parlamentarias– que redireccionan la atención pública; etcétera.

A modo de conclusión

Las repercusiones del movimiento del 2011 trastocan varios elementos institucionales y políticos heredados de la Dictadura, y del mismo modo, de la política de los consensos como mecanismo de gobernabilidad de las fuerzas sociales y de las clases. Por esta razón, las fuerzas sociales que confluyen aquí lograron (si bien no generar una crisis estructural) poner en cuestión los mecanismos ideológicos en los cuales se construía sociedad –primacía del mercado, privatismo, derechos sociales limitados, subsidiaridad, etc.–, por un lado, y las formas mismas de control político de las coaliciones políticas respecto de las clases, grupos o fuerzas dominadas –cuestionamiento de la organización de la representación y de la legitimidad institucional del orden político: la constitución–, por otro.

En el 2014 las réplicas de las fuerzas sociales por la educación siguen sintiéndose, aun están presentes. Lo que en el contexto chileno actual marca la pauta de la política del gobierno (la Nueva Mayoría, ex-Concertación). Esta “nueva” coalición nace a partir de una visión crítica en el cómo se venía haciendo política y en la búsqueda de transformaciones profundas y estructurales. La reforma tributaria, la reforma educacional y los cambios constitucionales, son parte nuclear de la agenda política del gobierno de Michelle Bachelet.

El movimiento estudiantil, por su parte, no ha logrado concitar la misma fuerza del 2011, situándose en una posición conflictiva respecto del gobierno. Cuestionamiento y rechazo de la reforma impulsada por la Nueva Mayoría o de apertura y dialogo con este. Situación actual que no deja de presentar ambigüedades, ya sea por el gobierno o por los estudiantes. Además, varios ex-dirigentes estudiantiles asumen carreras políticas parlamentarias para impulsar los cambios políticos y reformas necesarias en lo educativo y otras esferas. Algunos dentro de la Nueva Mayoría y otros simplemente dentro del parlamento. No obstante, lo interesante de la coyuntura actual se relaciona, más bien, con un elemento persistente en todo el trabajo de Poulantzas, básicamente la reproducción del poder político, a pesar de las repercusiones o espasmos que pueda sufrir:

[L]as diversas fracciones del bloque en el poder, de acuerdo con sus propias contradicciones con las masas populares, tratan de asegurarse el apoyo de éstas, mediante políticas diversas, con otras fracciones del bloque, es decir, utilizarlas en sus relaciones de fuerzas con las otras fracciones del bloque, a fin de imponer soluciones más ventajosas para ellas o de resistir más eficazmente a las soluciones que las desfavorezcan con respecto a otras fracciones[74]

Las crisis políticas son momentos de reagrupación o de rearticulación de las correlaciones de fuerzas. El movimiento del 2011 hizo mutar las correlaciones, y así como cambian políticamente algunas coaliciones y adquieren mayor protagonismo, otras pierden su capacidad de incidencia anterior. La lucha social, en Poulantzas, es un momento necesario del cambio político, de la conformación de nuevas alianzas o de la ampliación de estás. Aunque, como siempre, dejando intocado lo esencial. Así, ex-dirigentes entran al bloque de poder dominante, los cuales efectivamente impulsan y promueven cambios profundos, pero donde no se ha tomado en consideración la influencia real de tales posiciones –a propósito de una rehabilitación del consenso político en relación a la reforma tributaria. En efecto, la distinción entre poder real y poder formal, en lo que realmente se puede incidir y en lo que no, es algo más patente que nunca en la actual coyuntura. Frente a esto sostiene Poulantzas que:“[s]ería erróneo –y un desliz de consecuencias políticas graves– llegar a la conclusión de que la presencia de las clases populares en el Estado significa que tienen poder allí, o que podrían tenerlo a la larga, sin que haya transformación radical de ese Estado, del poder”.[75] Este es, puntualmente, un elemento que las luchas venideras no pueden olvidar.


* Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

[1] Duhau, Emilio. “Las políticas sociales en América Latina: ¿del universalismo fragmentado a la dualización?” Revista Mexicana de Sociología, año LIX, núm. 2, abril-junio, 1997, p. 187.

[2] Ibíd., p. 188.

[3] Poulantzas, Nicos. Poder, Estado y socialismo. México, Editorial Siglo XXI, 2005, pp. 5-49.

[4] Ibíd., pp. 145-186.

[5] Garretón, Manuel Antonio. Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago de Chile, Editorial ARCIS-CLACSO-PROSPAL, 2012, p. 72.

[6] Id.

[7] Alianza cívico-militar que no careció de contradicciones y fricciones internas durante toda la duración de la Dictadura, entre grupos políticos gremialistas, tendencias nacionalistas, neoliberales –Chicago Boys–, militares y grupos económicos. Esto es justamente lo que nos plantea Poulantzas a propósito de la instalación de un bloque de poder en el Estado. Pues lo que caracteriza al Estado no es su unidad propiamente tal, sino más bien la pugna por mantener aquella unidad o equilibrio: el bloque de poder dominante no es homogéneo. En efecto, en tal resolución –transitoria- de la imposición del bloque en el poder este está siempre atravesado por fracciones de clase y políticas. Vergara, Pilar. Auge y caída del neoliberalismo en Chile. Santiago de Chile, Editorial FLACSO, 1985.

[8] “el ‘Estado liberal’ del capitalismo privado, el papel predominante detentado por lo económico se refleja por el predominio de la función propiamente política del Estado —‘Estado gendarme’— y por una no-intervención especifica del Estado en lo económico. Esto no quiere decir de ningún modo que el Estado no tiene en dicho caso función económica… sino simplemente que ésta no tiene el papel predominante”. Nicos, Poulantzas. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. México, Editorial Siglo XXI, 2007, pp. 58-59.

[9] Los llamados “Chicago boys” fueron jóvenes economistas pertenecientes a la Universidad Católica de Chile, los cuales recibieron formación académica en la escuela de economía de la Universidad de Chicago. Estos economistas ocuparon posiciones estratégicas en la promoción del desarrollo económico neoliberal dentro del Estado, ocupando ministerios y dirigiendo el proceso de privatizaciones en Chile y vinculados al gran capital financiero.

[10] Garretón, Manuel Antonio. “Modelo y proyecto político del régimen militar. Chile 1973-1980”. Revista Mexicana de sociología, Facultad Latinoamericana de ciencias sociales FLACSO, 1983.

[11] Podemos indicar que la construcción hegemónica y el bloque de poder requieren, dentro del contexto del Estado moderno, de una separación política e ideológica del Estado y la sociedad civil. Lo que repercute, en segunda instancia, en la forma unitaria interna propia del Estado en lo relativo a la separación –y la mantención de aquella separación– con la sociedad civil. En tercer lugar una molecularización o atomización de la sociedad civil sostenida por las fuerzas que hegemonizan el Estado (atomización que se produce a pesar de la socialización progresiva de las fuerzas productivas). Como cuarto elemento la especificidad del nivel político en relación a lo económico (elemento característico de la política moderna, también resaltado reiteradas veces por Marx). Y en último lugar una autonomía relativa del Estado en relación a los conjuntos económico-sociales de la sociedad civil, de las clases y las fracciones de clase. De esta forma, las clases o grupos políticos deben evocar y constituir, como una particularidad de la sociedad civil, un proyecto de carácter universal y representar, igualmente, el interés general de todo el cuerpo societal. Poulantzas, Nicos. Hegemonía y dominación en el Estado moderno. Buenos Aires, Ediciones Pasado y Presente, 1973, pp. 43-105.

[12] Zapata, Francisco. Crisis económica y movilización social en Chile (1981-1984). Foro Internacional, El Colegio de México. Vol. 26, 1985, pp. 214-228.

[13] Estas protestas significaron un antes y un después en lo relativo al control de la población por parte del régimen. En los 70 los partidos políticos de izquierda fueron sistemáticamente asediados por la violencia de Estado, por medio del encierro, el asesinato, la desaparición y la tortura, así como también las organizaciones sindicales, de pobladores, estudiantiles y otras. Por tanto, estas protestas simbolizaron una resistencia de cara al régimen militar, un punto de inflexión en lo que se refiere a las acciones colectivas y en las demandas más sentidas de las clases y grupos oprimidos por la Dictadura: justicia social, democracia social y política, y respeto a los derechos humanos.

[14] Para revisar un análisis pormenorizado y sintético de las jornadas de protesta nacional recomendamos la interesante tesis doctoral de Mónica Iglesias. En su trabajo si bien se concentra específicamente en el movimiento de pobladores, resulta sugestiva la lectura que determinados sectores políticos de oposición, los reunidos en la Alianza Democrática, y específicamente sus intelectuales, hacían de las jornadas de protesta y de la violencia por ella suscitada. Este elemento será un factor vertebrador para lo que sigue de la exposición. Véase Iglesia, Mónica. Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la Dictadura. Santiago de Chile, Ediciones Radio Universidad de Chile, 2011.

[15] Estas fuerzas avizoraban una política de cuño abiertamente confrontacional al régimen de Pinochet, los cuales animaban y alentaban los llamamientos a las protestas a nivel nacional. Sin embargo, esta línea respondía, en general, a orientaciones marxistas de una izquierda ortodoxa o dura, por decirlo así, de demandas sociales y políticas más críticas y profundas, y de una salida no pactada con el gobierno militar, y por tanto, de más difícil apertura a tratamientos políticos como la negociación o el pacto, lo cual significó en el futuro la exclusión o el desplazamiento, y, llegada la transición democrática, el constituirse como la conocida izquierda extra-parlamentaria. Mientras tanto la Alianza Democrática tomara un camino muy diferente al MDP.

[16] Las mismas relaciones entre estas fuerzas que, al alero de la renovación socialista, darán pujanza a un ideario identitario de corte progresista de centro-izquierda, y, al mismo tiempo, trabajaran en pos del pacto de la salida del régimen con el gobierno de turno. Este elemento es gravitante respecto al avizoramiento que se tenía en aquella época, al cual visualizaban como un régimen autoritario desgastado. Donde si bien pudo, a partir del año 85, reactivarse económicamente, la falta de democracia, participación y derechos políticos fundamentales, constituían una parte fundamental de la formación de una ciudadanía y de una política libre de restricciones autoritarias.

[17] Intelectuales como Tomás Moulian, Ángel Flisfisch, Manuel Antonio Garretón, Norbert Lechner, Alejandro Foxley, Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner y otros, comenzaban a dar discusión respecto de las transformaciones que había tenido el país en la Dictadura y de cuáles serían los presupuestos democráticos en los que debía basarse la transición política. Aunque, hay que evidenciarlo, si el debate giró respecto a la transición y la democracia, los movimientos sociales y los partidos políticos, etc., el discurso nunca fue homogéneo, las diferencias teóricas y políticas siempre estuvieron presentes en estos intelectuales, así como el distanciamiento crítico que algunos tuvieron respecto del tipo de transición lograda en los 90. Véase: Moyano, Cristina. “Un acercamiento histórico-conceptual al concepto de democracia en la intelectualidad de la izquierda renovada. Chile, 1973-1990”. Revista Izquierdas, Número 3, 2009.

[18] Moyano, Cristina. “Movimiento estudiantil 2011: un ejercicio comprensivo del movimiento social en Chile”. Sergio González Rodríguez, Jorge Montealegre Iturra (eds.) Ciudadanía en marcha. Educación superior y movimiento estudiantil 2011: cursos y lecciones de un conflicto. Santiago de Chile, USACH, 2012, p. 33.

[19] Tironi, Eugenio. “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”. Proposiciones, Vol. 14, 1987.

[20] Pincheira Torres, Iván. “Del miedo y la seguridad; las luchas ético/estéticas en el Chile de hoy”. Isabel Cassigoli y Mario Sobarzo (eds.) Biopolíticas del Sur. Santiago de Chile, Editorial ARCIS, 2010, p. 276.

[21] “[Las] transformaciones de la sociedad en estos años se tradujeron en su atomización y en la masificación de sectores difícilmente organizables y representables, con predominio de bases juveniles, algunas con un fuerte potencial de radicalización y rebeldía”… y por tanto… “difícilmente las estructuras políticas logran canalizar y representar a estos sectores”. Garretón, Manuel Antonio. Dictaduras y democratización, citado en Moyano, Cristina. “Movimiento estudiantil 2011: un ejercicio comprensivo del movimiento social en Chile”. Op. Cit., p. 30.

[22] Ibíd., p. 32.

[23] Id.

[24] “El 25 de agosto [de 1985] fue suscrito por un grupo de dirigentes políticos –representantes de la Unión Nacional, del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Demócrata Cristiano, de la Social Democracia, del partido Radical, de la Unión Socialista Popular, del Partido Socialista (los sectores liderados por Briones y Mandujano) y de la Izquierda Cristiana– un documento titulado “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, respondiendo al llamado a la “reconciliación” efectuado por el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Fresno, quien también había requerido la colaboración del empresario José Zavala y de dos ex ministros (también empresarios) –Fernando Léniz (ministro de Economía en el primer gabinete de la dictadura) y Sergio Molina (ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva)– para encontrar una solución pactada y “beneficiosa para todos” a la dictadura. El cardenal Fresno buscaría insistentemente la negociación entre el Gobierno y los partidos políticos –de centro y derecha– para impulsar el acuerdo. De ese acuerdo quedaba excluido el PC, como también las fracciones más a la izquierda del PS y, obviamente, el MIR”. Mónica Iglesias. Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la Dictadura. Op. Cit., p. 275.

[25] Rovira Kaltwasser, Cristóbal. “Chile: transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad”. Revista Mexicana de Sociología, núm. 69, abril-junio, 2007, p. 349.

[26] Tironi, Eugenio. La invisible victoria, citado en Moyano, Cristina. “Un acercamiento histórico-conceptual al concepto de democracia en la intelectualidad de la izquierda renovada. Chile, 1973-1990”. Op. Cit.

[27] Poulantzas, Nicos. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Op. Cit., p. 245.

[28] Id.

[29] “El NO evocaba el fin de las epopeyas y su triunfo: la valorización positiva de ese proceso. Según los ideólogos de la campaña, la “gente” en Chile estaba cansada de tantas transformaciones radicales y su máxima aspiración era que la política se redujera a una esfera mínima, que si bien importante debía alejarse de lo cotidiano, para ejercerse profesionalmente. Se ponía fin a una época y por ello, el plebiscito era expresión del fin de un proceso estructural, donde la política desplazó su eje referencial al pasado para concentrarse en el futuro. Simultáneamente se separaba lo social de lo político y con ello se le restaba omnipotencia a la actividad política, permitiendo la generación de un sistema de autodefensa ante cualquier posible quiebre democrático futuro. No todo era, fue, ni debía ser política”. “Movimiento estudiantil 2011: un ejercicio comprensivo del movimiento social en Chile”. Moyano, Cristina. Op. Cit., p. 36.

[30] Tironi, Eugenio. “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”. Op. Cit., pp. 16-17.

[31] Poulantzas, Nicos. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Op. Cit., pp. 43-51.

[32] Respecto a este equilibrio inestable de compromisos podemos apuntar lo siguiente: 1) los compromisos entre las clases dominadas y el poder político hegemónico pueden involucrar los intereses económicos y sociales de los sectores populares a corto plazo, sin que afecte, en lo esencial, los interés políticos del bloque de poder hegemónico; 2) el equilibrio entre el bloque de poder y los dominados no amenaza el poder político, el cual fija los límites mismos de ese equilibrio; 3) e inestable en tanto que los limites del equilibrio los fija la coyuntura política. Poulantzas, Nicos. Ibíd., pp. 241-246.

[33] Poulantzas, Nicos. Poder, Estado y socialismo. Op. Cit., p. 30.

[34] Lo ideológico en Poulantzas responde en gran medida a la tradición teórica althusseriana. Aunque, hay que indicarlo, Poulantzas aporta y relaciona el elemento ideológico y lo hegemónico respecto del poder de Estado, vinculo fundamental del poder político de clase y del bloque de poder dominante en relación a las clases dominadas. La ideología para Poulantzas es una relación imaginaria de los sujetos con sus condiciones materiales de existencia; se le puede entender bajo una relación de desconocimiento/reconocimiento; como cemento o cohesionador de las relaciones sociales y el poder; también puede ser comprendido como aparato ideológico de Estado; y la ideología puede tener un carácter negativo (excluye, prohíbe, impide, impone, oculta, miente, esconde, hace creer, engaña) así como positivo (crea, transforma, produce realidades); entre otras características. Para revisar algunos trabajos de Poulantzas sobre lo ideológico y lo hegemónico véase: Poulantzas, N. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Op. Cit., pp. 247-289; Poulantzas, N. Poder, Estado y socialismo. Ibíd., pp. 27-34; Poulantzas, N. Hegemonía y dominación en el Estado moderno. Op. Cit., pp. 67-81.

[35] Moulian, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. Chile, Editorial ARCIS-LOM, 1998, pp. 37-38.

[36] Id.

[37] “El esfuerzo del consenso tiene su plena recompensa cuando Allamand –político de derecha– dice: “Foxley y Ominami hubiesen sido excelentes ministros del gobierno militar”, o cuando se le atribuye a Pinochet la frase “De haber conocido al ministro Correa lo hubiera nombrado en mi gabinete”. Moulian, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. Ibíd., p. 40.

[38] “La ‘política de lo posible’, en suma, derivó en una progresiva ‘despolitización’, toda vez que su identificación con ‘lo realmente existente’ la convirtió en un espacio puramente administrativo de resolución de problemas, de administración de lo dado y, en definitiva, de mimetización con el modelo de sociedad fundado por el pinochetismo”. Durán Migliardi, Carlos. “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”. Revista OSAL, Nº 31, 2012, p. 42.

[39] “Llamo ‘transformismo’ a las operaciones que en el Chile actual se realizan para asegurar la reproducción de la ‘infraestructura’ creada durante la dictadura, despojada de las molestas formas, de las brutales y desnudas ‘superestructuras’ de entonces. El ‘transformismo’ consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio del Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, pero manteniendo inalterado un aspecto sustancial. Cambia el régimen de poder, se pasa de una dictadura a una cierta forma de democracia y cambia el personal político en los puestos de comando del Estado”. Moulian, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. Ibíd., p. 145.

[40] Garretón, Manuel Antonio. Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Op. Cit., pp. 181-187.

[41] “Su dicotomía es evidente, mientras este modelo ofrece los mejores indicadores macroeconómicos de América Latina, al mismo tiempo, crea más pobreza y desigualdad… Es así como en los últimos 20 años, la economía chilena ha crecido a un promedio anual del 5,1% y el 2010 alcanzó un PIB per cápita de 14.341 dólares, no obstante, permanece entre los 15 países más desiguales del planeta… Y aunque la prosperidad económica del país más avanzado de América Latina es perceptible, resulta incuestionable que no se plasme en una mejora de la calidad de vida de las familias chilenas. Así, por ejemplo, en el 2006 el ingreso autónomo del 5% de los hogares más pobres era 500veces inferior al del 5% más rico, mientras que en 2009 esa brecha se amplió hasta 830 veces (cifras según la OCDE)”. Mira, Andrea. “Crisis de representatividad y estallido social. Una aproximación a la actual experiencia chilena”. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 10, Nº 30, 2011, pp. 187-188.

[42] Corvalán, Alejandro 2012. Sistema Binominal: un Desincentivo a la Participación Electoral, en file:///C:/Users/Alumno/Downloads/Sistema_Binominal,_un_desincentivo_a_la_participacion_electoral.pdf

[43] Los jóvenes, por su parte, también serán parte de esta transformación electoral: “mientras en el año 1988, fecha del plebiscito convocado por Pinochet para ratificarse en el poder y que condujo a la apertura del proceso transicional, los jóvenes representaban el 36% del padrón electoral, en el año 2005 esta cifra había disminuido a un escuálido 9,7%2. La inscripción de jóvenes en los registros electorales, por su parte, disminuyó desde el 90% en 1988, hasta un exiguo 24% hacia 2005”. Durán Migliardi, Carlos. “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”. Op. Cit., p. 43.

[44] “las dinámicas de cooptación eran más eficientes cuando quienes lideraban el movimiento social tenían un marco común de significación de experiencias con la elite política que dirigía Chile y tendían a volverse menos precisas cuando los actores no reconocían en la experiencia dictatorial su propia forma de examinar la realidad social y por ende, eran menos participes de lograr el consenso, valorizando más positivamente el conflicto y el enfrentamiento”. Moyano, Cristina. “Movimiento estudiantil 2011: un ejercicio comprensivo del movimiento social en Chile”. Op. Cit., p. 37.

[45] El termino pingüino alude a los estudiantes de los niveles secundarios y básicos por los colores del uniforme escolar que visten.

[46] Para revisar elementos concernientes a la desigualdad, segregación y calidad en la educación escolar y universitaria, y las demandas universitarias y evolución de las mismas durante las movilizaciones 2011, véase: Mayol, Alberto; Azócar, Carla y Brega, Carla 2011. El clivaje público/privado: Horizonte último del impacto del movimiento estudiantil 2011 en Chile, en http://www.albertomayol.cl/wp-content/uploads/2011/11/Articulo-Mayol-Azocar-Brega-Ku%CC%88tral.pdf; para revisar aspectos segregativos y desigualitarios en mayor profundidad en la educación y otras esferas, véase: Senado de la republica de Chile. Retrato de la Desigualdad en Chile, 2012, (consultado el 9 de junio del 2014), en www.bcn.cl

[47] Esta coalición agrupa a dos partidos de la derecha chilena: RN (Renovación Nacional) y la UDI (Unión Demócrata Independiente)

[48] “Conducida por un discurso que apelaba a la necesidad del recambio en la administración del aparato público, que recalcaba el desgaste en ideas y acciones tras cuatro gobiernos concertacionistas, y que resaltaba las competencias técnicas de su eventual equipo de gobierno, la campaña derechista logró posicionarse en un escenario en el cual la demanda ciudadana respecto a la política, en lo fundamental, había derivado en una demanda por ‘eficiencia’, ‘buena administración’, control de la corrupción y generación de resultados medibles. En un contexto sociopolítico marcado por una ‘clase política’ que en lo fundamental obviaba la discusión respecto al modelo de sociedad y con una ciudadanía que ‘padecía’ o ‘disfrutaba’ su condición de vida atribuyendo sus éxitos y fracasos a la fortaleza de la iniciativa individual, resultaba natural que el clivaje dictadura/democracia, propio de la política de los años noventa, se diluyera en un clivaje eficiencia/ineficiencia a todas luces favorable a una derecha hábil en desentenderse eficazmente de su lastre dictatorial”. Durán Migliardi, Carlos. “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico chileno”. Op. Cit., p. 44.

[49] Mira, Andrea. “Crisis de representatividad y estallido social. Una aproximación a la actual experiencia chilena”. Op. Cit., p. 188.

[50] Para revisar el interesante y persuasivo análisis en detalle de parte del CIES (Centro de Investigación en Estructura Social), véase: Mayol Miranda, Alberto y Azócar Rosenkranz, Carla. “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso ‘Chile 2011’”. Revista Polis, vol.10, no. 30, 2011, pp. 163-164.

[51] En un estudio realizado por el PNUD-UNIR que abarcaba a varios países de América Latina en un periodo del 2009 y 2011, plantea que, en el caso de Chile, este destaca como un país bajo en número de conflictos, pero que, sin embargo, de alta radicalidad. El informe indica tres tipos de conflictividad social: 1) conflictos por reproducción social: las capacidades y dinámicas que posibilitan el cambio o la reproducción social, relacionadas con las condiciones de vida de grupos demandantes que buscan mejor posición en la estructura social, visibilización o derechos que favorezcan el bienestar y vida digna; 2) conflictos institucionales: referidos al funcionamiento institucional o carencia de institucionalidad, conflictividad relativa al mejoramiento de la institucionalidad, gestión administrativa, prestación de servicios públicos y legitimidad de autoridades públicas; 3) conflictos culturales: relativos a las modalidades de interacción entre representaciones, imaginarios o valores de una sociedad. Chile destaca en el estudio por tener un alto porcentaje de conflictos por reproducción social (61%), y le siguen los conflictos por institución (30%) y culturales (9%). Para revisar parte del estudio del PNUD-UNIR nombrado y un análisis llamativo respecto a la matriz de gobernabilidad transicional en Chile véase: Mella Polanco, Marcelo y Berrios Silva, Camila. “Gobernabilidad, democratización y conflictividad social en Chile: escenarios posibles para un nuevo equilibrio”. Revista Polis, vol.12, no.35, 2013, pp. 429-458.

[52] “El lugar de clase, y por tanto su poder, está delimitado, es decir, a la vez designado y limitado por el lugar de las otras clases. El poder no es, pues, una cualidad adherida a una clase ‘en sí’, en el sentido de un conjunto de agentes, sino que depende y deriva de un sistema relacionista de lugares materiales ocupados por tales o cuales agentes”. Poulantzas, Nicos. Poder, Estado y socialismo. Op. Cit., p. 177-178.

[53] Ibíd., pp. 169-165.

[54] Gran parte de la cronología y datos sobre las movilizaciones de aquí en adelante se encuentran en: Urra Rossi, Juan. “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología”. Revista OSAL, Nº 31, 2012, pp. 23-37.

[55] Gremio histórico de los profesores chilenos de colegios y liceos.

[56] Para resumir cuestiones generales relativos al Petitorio podemos nombrar: “La convicción respecto a que el sistema de educación superior vigente en Chile se encuentra en crisis. La exigencia de entender la educación es un derecho que debe garantizar el Estado, tarea que hoy no se cumple en la práctica puesto que los sectores  vulnerables de la sociedad chilena no pueden ingresar a ella o deben desertar a medio camino por motivos económicos. El diagnóstico respecto a que son muchos los que reciben una educación de dudosa calidad de parte de instituciones privadas que (en la práctica y pese a la prohibición legal) lucran con ella, al mismo tiempo que las familias deben endeudarse por altísimos valores para adquirirla. Mientras tanto, las universidades del Estado trabajan y forman con falta de financiamiento y ante convenios de desempeño que establecen condiciones desiguales respecto al resto de las instituciones”. Mayol, Alberto; Azócar, Carla y Brega, Carla 2011. El clivaje público/privado: Horizonte último del impacto del movimiento estudiantil 2011 en Chile. Op. Cit.

[57] Id.

[58] “el Mensaje Presidencial del 21 de mayo, el que consideró 35 páginas de evaluación y propuestas y en ese contexto se observaron menos de tres párrafos destinados a la educación superior. Los anuncios fueron generales sin especificar ni precisar los plazos: Creación de la Subsecretaría de Educación Superior; Nuevo Trato para las Universidades Estatales; Perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento de la educación superior, particularmente la reprogramación del pago de 100 mil deudores de Crédito con Fondo Solidario. Se anunció un aumento de becas para los estudiantes de la educación técnica profesional y modificaciones del Aporte Fiscal Indirecto (AFI)”. Taller de Análisis de Contexto. “Hitos de un conflicto inconcluso”. Sergio González Rodríguez, Jorge Montealegre Iturra (eds.) Ciudadanía en marcha. Educación superior y movimiento estudiantil 2011: cursos y lecciones de un conflicto. Santiago de Chile, USACH, 2012, p. 15.

[59] Urra Rossi, Juan. “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología”. Op. Cit., p. 29.

[60] Id.

[61] Mayol, Alberto; Azócar, Carla y Brega, Carla. El clivaje público/privado: Horizonte último del impacto del movimiento estudiantil 2011 en Chile. Op. Cit.

[62] Ibíd., p. 32.

[63] “Según la encuesta Adimark, el rechazo al mandatario ascendió en junio al 60% y su apoyo descendió al 31%, el nivel más bajo desde que asumió el poder en marzo de 2010, tras ganar las elecciones con un 51,61% de los votos, y, según la encuesta CEP la aprobación al mandatario llegaba sólo al 26%”. Mira, Andrea. Crisis de representatividad y estallido social. Una aproximación a la actual experiencia chilena. Op. Cit., p. 191.

[64] Id.

[65] Según una Encuesta Metropolitana del CIES del 2009 el 60% de los encuestados rechazaban las protestas como forma de manifestar el descontento, lo que contrasta el 2011 según la encuesta mensual de Adimark GFK en agosto, llegando a un 52% de aprobación el modo en como los estudiantes llevaban las movilizaciones. Véase: Mayol Miranda, Alberto y Azócar Rosenkranz, Carla. “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso ‘Chile 2011’”. Op. Cit., p. 172.

[66] En este mismo mes el ministro de educación Joaquín Lavín (dos veces ex-candidato de derecha) es sustituido por Felipe Bulnes, el cual asume la cartera ministerial para dar solución al conflicto. Joaquín Lavín hace bastante que no era considerado como interlocutor válido para los estudiantes.

[67] Poulantzas,  Nicos. Las transformaciones actuales del Estado. La crisis política y la crisis del Estado. Poulantzas, Nicos (ed.). La crisis del Estado. Barcelona, Editorial Fontanella, 1977, p. 61.

[68] Poulantzas comprende a las fuerzas sociales en una combinatoria de diferentes clases, fracciones y grupos diferenciales en una coyuntura específica en el nivel de la práctica política, como proceso activo de participación y organización misma de las fuerzas sociales. Distinto, claro está, a la clase o fracciones mismas, pues la fuerza social resulta de la coyuntura política como declaración abierta y declarada de impugnación o antagonismo. Poulantzas, Nicos. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Op. Cit., pp. 110-116.

[69] “el ‘momento actual’, como decía Lenin, es decir, el punto nodal en que se condensan las contradicciones de los diversos niveles de una formación en las  relaciones complejas regidas por la sobredeterminación, por sus diferencias de etapas y su desarrollo desigual… coyuntura, el punto estratégico en que se fusionan las diversas contradicciones en cuanto reflejan la articulación que especifica una estructura con predominio. El objeto de la práctica política, tal como aparece en el desarrollo del marxismo por Lenin, es el lugar en donde finalmente se fusionan las relaciones de las diversas contradicciones, relaciones que especifican la unidad de la estructura; el lugar a partir del cual puede descifrarse, en una situación concreta, la unidad de la estructura y actuar sobre ella para transformarla”. Poulantzas, Nicos. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Ibíd., p. 39. Cursivas en el original.

[70] Poulantzas insiste desde sus primeros trabajos sobre la autonomización relativa de lo político respecto de lo económico. El concepto de crisis tiene una especificidad concreta que no se diluye en un solo tipo de crisis general estructural de una sociedad dada. Así, puede haber crisis económica, por ejemplo, sin tener relación con lo político, en el sentido de una crisis de la política, y viceversa. Igualmente, hablar de crisis política podría confundirse solo con la noción de crisis orgánica –o estructural– al decir de Gramsci, el cual es un tipo de crisis. Por esta razón, Poulantzas comprende especies particulares de crisis política. En este sentido podemos hablar, también, de crisis política en tanto que crisis ideológica, y en consecuencia, de legitimidad.  Poulantzas,  Nicos. Las transformaciones actuales del Estado. La crisis política y la crisis del Estado. Op. Cit., pp. 33-76.

[71] Aunque, claro está, también puede actuar de forma negativa, es decir, negando, prohibiendo, mintiendo, ocultando, etcétera. Poulantzas, Nicos. Poder, Estado y socialismo. Op. Cit., pp. 31-32.

[72] Ibíd., p. 31. Cursivas en el original.

[73] Mayol Miranda, Alberto y Azócar Rosenkranz, Carla. “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso ‘Chile 2011’”. Op. Cit., p. 174.

[74] Poulantzas, Nicos. Poder, Estado y socialismo. Op. Cit., p 174.

[75]Ibíd., p. 174.

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